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El Gobierno modifica el Decreto ley 7/2020, de medidas urgentes contra el coronavirus, para adaptarlo al Real Decreto estatal

25 de marzo de 2020

El Gobierno ha dado hoy luz verde a la modificación parcialmente del Decreto ley 7/2020 de medidas urgentes contra el coronavirus para adaptarlo al Real Decreto ley 8/2020 aprobado por el Gobierno del Estado y "incluir nuevas actuaciones de carácter económico que amplían su alcance", ha explicado la portavoz del Gobierno, Meritxell Budó.

En el ámbito de la contratación, la modificación del decreto amplía el ámbito de las indemnizaciones en aquellos casos en que se hayan de suspender contratos e incluye los gastos de alquiler o costes de mantenimiento de instalaciones y de equipos durante el período de suspensión. La consejera Budó ha recordado que "se mantiene el pago del contrato aunque esté suspendido de forma que cuando se levante su suspensión se descontará de la indemnización total". El pago a cuenta de la indemnización tiene la finalidad de mantener los puestos de trabajo de los contratos afectados y evitar que estas empresas se hagan EREs o ERTE. En caso de que las empresas que tienen contrato suspendido hagan ERE o ERTE en relación al personal de los contratos suspendidos se retirará el pago por adelantado.

En cuanto a las nuevas actuaciones de carácter económico, la modificación de este decreto también prevé aquellas medidas para proteger los beneficiarios o perceptor de ayudas, especialmente los del ámbito cultural, ocupacional, de deportes y social que debido al impacto del coronavirus, no podrán efectuar en el plazo previsto el fin de la subvención solicitada. En este caso, este decreto prevé diferentes opciones "como que se puedan flexibilizar las condiciones fijadas en las bases reguladoras, que se borre el plazo de cumplimiento de la finalidad o que la administración pueda financiar una parte de los gastos realizados por los beneficiarios todo y que el fin todavía no se haya alcanzado".

En materia tributaria, el decreto incorpora una reducción del 50% del canon del agua para todos los usuarios domésticos y también para los usuarios industriales, actividades económicas también, y actividades ganaderas. Meritxell Budó concretó que "esta reducción se aplicará durante dos meses, desde el 1 de abril al 31 de mayo. Y los contribuyentes domésticos que ya disfruten de la tarifa social del canon del agua se les aplicará un tipo de gravamen de cero euros para todos los tramos de consumo".

La modificación que ha aprobado hoy el Gobierno de la Generalitat de Catalunya también introduce algunos cambios en la línea del ICF -avalado liquidez dotada con 1.000 millones de euros, para facilitar las necesidades de circulante de aquellas empresas y autónomos que han visto afectada su actividad debido al Covid-19. Por un lado se amplía del 75% al ​​80% el riesgo de que asumirá el Gobierno a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y Avalis en garantizar desde préstamos que conceden las entidades financieras a los autónomos ya las empresas que lo soliciten la oportuna; y, por otra parte, se concreta que los 750 millones de euros que garantizarán el ICF y Avalis, un total de 188 millones irán destinados a construir un fondo de garantía. "Este importe será una aportación inicial y se podrá revisar en sucesivos ejercicios según las necesidades que se vayan produciendo", ha especificado la portavoz del Gobierno.

También se prevé que, durante el estado de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno de las entidades y entes dependientes de la Generalitat puedan celebrarse por videoconferencia o soporte digital con plena validez jurídica. Los acuerdos podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin que sea necesaria una sesión presencial. De este modo, la consejera Budó ha asegurado que "esto también nos permite garantizar el día a día de la administración".

En referencia a la elaboración de la Cuenta General de la Generalitat y en la auditoría de cuentas de las entidades y organismos dependientes de la Generalitat de Catalunya. "Mientras dure el estado de alarma se suspenden los plazos generales de elaboración y de tramitación de la cuenta general que elabora la intervención general y se da un plazo adicional para formalizar los diferentes trámites", informó Budó.

El Gobierno creará un grupo de trabajo para movilizar la industria catalana

La portavoz del Gobierno catalán ha explicado las nuevas medidas que el Ejecutivo ha decidido hoy para paliar los efectos económicos y sociales por la crisis sanitaria del coronavirus. En este sentido, Meritxell Budó ha anunciado que "esta tarde se creará un grupo de trabajo para la movilización de la industria catalana con el objetivo de aprovechar todo el tejido para poder producir suministros desde dentro del país para hacer frente al coronavirus" . Este grupo estará integrado por representantes de los Departamentos de Presidencia, Vicepresidencia, Salud, Empresa, Trabajo, Asuntos Sociales y justicia para movilizar la industria en nuestra defensa sanitaria.

Siguiendo en la línea de las medidas económicas, la consejera de la Presidencia ha instado al Gobierno español a "tomar las medidas necesarias para asegurar una Renta de Protección de Ciudadanía que garantice los ingresos a toda la ciudadanía durante los meses que dure la crisis y que permitan un confinamiento real". Esto pasa por mejorar la prestación de aquellos trabajadores autónomos que ahora son restrictivas para tener acceso en términos de facturación producida; mejorar las condiciones de los ERTE, "ahora no se empiezan a recibir las prestaciones hasta el 10 mayo y las familias necesitan el dinero ya", explicó Budó.

Siguiendo esta línea, y para asegurar el mantenimiento de los puestos de trabajo y la viabilidad de las actividades económicas, la portavoz del Gobierno ha pedido "suspender el pago de impuestos, de hipotecas, alquileres, créditos o suministros; como se está haciendo en los países de nuestro entorno". La Comisión Europea ha suspendido las reglas del pacto de estabilidad y crecimiento para permitir a los estados hacer todo lo que sea necesario para frente a la pandemia, paliar el impacto social y recuperar el tejido económico. Por ello, la consellera Budó ha reclamado al Estado que "traslade estas medidas con carácter urgente eliminando los objetivos de déficit y el techo de gasto".

En relación al ámbito de educación, en una semana se ha registrado una alta inscripción de profesorado en las actividades de formación extraordinaria oferta por el Departamento de Educación con un total de 8.972 inscripciones. Además, 4.148 profesores han cambiado la modalidad de presencial a online, como la FP o la formación dirigida a profesorado novel o interino.

En cuanto al transporte público, la reducción de la demanda se situó ayer en torno al 90% en relación a un lunes estándar. A la hora punta, la reducción es inferior en algunos operadores, del orden de un 65% -70%. Por ello, estos operadores, a esta hora punta, aumentan también la oferta para favorecer que los usuarios puedan mantener la distancia de seguridad.

En relación a las Infraestructuras de Telecomunicaciones así como la red de Internet en Cataluña, la portavoz del Gobierno ha asegurado que "está aguantando bien los fuertes incrementos de consumo de datos de la ciudadanía y las empresas a raíz de la crisis del Covidien-19. Hay que tener en cuenta que, en Cataluña, el consumo de datos ha aumentado un 50% de media en relación a antes de decretar el confinamiento de la población".

El Gobierno aprueba el Decreto Ley que regula la participación institucional, el diálogo y la concertación con los agentes sociales

El nuevo decreto permitirá ordenar jurídicamente la concertación y el diálogo sociales en el Marco Catalán de Relaciones Laborales con el objetivo de alcanzar los consensos necesarios entre las administraciones, las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en materia de acción social y económica de interés general. Especialmente, en ámbitos como la mejora del empleo y su calidad y dignidad; la dinamización empresarial e industrial; el crecimiento económico sostenible e inclusivo; y la preservación del estado del bienestar.

Generalitat de Catalunya

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